El escándalo relacionado con la contratación de 40 carrotanques destinados a atender las necesidades de agua potable en La Guajira sumó un nuevo capítulo judicial, luego de que dos de los involucrados aceptaran su responsabilidad dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía.
Se trata de Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos llegaron a un preacuerdo con el ente investigador y reconocieron su participación en los hechos relacionados con la millonaria contratación.
Según lo expuesto durante la audiencia, los procesados aceptaron responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación está relacionada con seis escenarios vinculados con la celebración y ejecución de un contrato cuyo valor rondaría los $83.000 millones.
El preacuerdo contempla una pena de siete años y cuatro meses de prisión para cada uno, aunque todavía deberá ser revisado y aprobado por una jueza especializada de Bogotá. La audiencia para definir el futuro del acuerdo quedó programada para el próximo 4 de noviembre.
