Entró en vigor la Ley 2590, normativa que endurece las sanciones contra quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con grupos armados ilegales o estructuras criminales.
La nueva legislación incrementa las penas para este delito y fortalece las herramientas judiciales para perseguir a los responsables, buscando ofrecer una mayor protección a la población menor de edad.
Las autoridades señalaron que la ley representa un avance importante en la defensa de los derechos de la infancia y en la lucha contra el reclutamiento forzado en Colombia.
