El Consejo de Estado dejó sin efectos la suspensión que pesaba sobre el decreto del salario mínimo para 2026, por lo que el incremento del 23 % continúa vigente mientras avanza el proceso judicial. La decisión brinda estabilidad temporal a la aplicación del aumento y mantiene las condiciones establecidas por el Gobierno para este año.
Con este pronunciamiento, trabajadores y empleadores mantienen como referencia el salario mínimo actualmente fijado, mientras el alto tribunal continúa estudiando el caso de fondo y define una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto.
Expertos consideran que la determinación ofrece seguridad jurídica en el corto plazo y evita incertidumbre para millones de trabajadores, empresas y entidades que dependen de este indicador para el pago de salarios y prestaciones.
