La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República emitieron una directiva conjunta en la que exigen al Gobierno saliente entregar informes completos de gestión y garantizar un proceso de empalme transparente con la administración entrante. Los organismos advirtieron que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones disciplinarias y fiscales.
El informe deberá incluir el estado de los recursos financieros, administrativos y humanos, así como los proyectos en ejecución, contratos vigentes y compromisos pendientes que heredará el nuevo gobierno.
Además, se solicitó que toda la contratación pública se encuentre debidamente registrada en el SECOP y que los documentos del empalme permanezcan disponibles para consulta ciudadana, salvo las excepciones contempladas por la ley.
