La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años al exsecretario de Educación de Tierralta tras encontrar irregularidades relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio.
La decisión disciplinaria estaría relacionada con fallas en la supervisión y ejecución del contrato, situación que habría afectado la adecuada prestación del servicio a estudiantes de diferentes zonas del municipio.
El fallo se suma a otros procesos disciplinarios que buscan fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre la contratación pública y la correcta utilización de los recursos destinados al sector educativo.
