Una jueza emitió una decisión mediante la cual ordena al presidente Gustavo Petro abstenerse de utilizar la investidura presidencial o los canales institucionales del Gobierno para intervenir en actividades relacionadas con la campaña electoral.
La determinación busca garantizar el principio de neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos durante los procesos electorales y evitar que los recursos o plataformas oficiales sean utilizados con fines proselitistas. La decisión se conoce en medio de varias controversias sobre declaraciones y publicaciones realizadas por el mandatario.
El fallo ha generado un amplio debate jurídico y político en el país. Mientras algunos sectores consideran que fortalece las garantías democráticas y la igualdad entre campañas, otros sostienen que podría limitar la capacidad del presidente para pronunciarse sobre asuntos de interés público durante el periodo electoral.
