El gobierno de Colombia implementó, a finales de 2022, un arancel ad valorem del 40 % para la importación de ropa y confecciones (capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas), con la intención de proteger la industria nacional y frenar la entrada de prendas extranjeras de bajo costo.
Sin embargo, diversos gremios y sectores del comercio formal afirman que la medida ha tenido efectos adversos. Señalan que las ventas del vestuario importado se han visto muy afectadas por el aumento en los precios, lo que ha reducido el consumo legal y reactivado el mercado de productos de contrabando.
Fenalco (la Federación Nacional de Comerciantes) estima que solo en confecciones y textiles el contrabando llega a los 3 billones de pesos anuales, y que la producción local también ha caído, tanto por pérdida de mercados formales como por la competencia de productos ingresados ilegalmente.
Además, se ha visto una disminución en las importaciones legales de ropa. Tras entrar en vigencia el arancel, algunos segmentos del textil importado reportaron caídas de cerca del 20 % en los volúmenes importados, ya que la mayor carga arancelaria encareció los productos para los consumidores.
Quienes apoyan la medida indican que esta brinda mayor espacio para la confección nacional, favorece la generación de empleo local y puede fortalecer la industria si se acompañan otras políticas como mejora tecnológica, facilidades logísticas y controles aduaneros efectivos
