El juez federal John Coughenour, de Seattle, calificó como “descaradamente inconstitucional” la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba limitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.
Durante una audiencia el jueves 23 de enero, Coughenour bloqueó temporalmente la implementación del decreto firmado días antes, señalando que la medida contraviene los principios fundamentales establecidos en la 14ª Enmienda de la Constitución.
La orden de Trump intentaba negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense, salvo que uno de los padres fuera ciudadano o residente permanente. Según el juez, esta disposición desafía un derecho constitucional garantizado desde 1868 y respaldado por fallos históricos del Tribunal Supremo, como el de 1898 que confirmó la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes.
El fallo de Seattle se produjo en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados liderados por demócratas: Arizona, Illinois, Oregón y Washington. Estos se unieron a una coalición de 22 estados que alegan que el decreto es una violación flagrante de derechos constitucionales y podría imponer costos adicionales a las comunidades locales, que dependerían de programas federales vinculados a la atención médica infantil.
El decreto de Trump, titulado “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, ha generado cinco demandas en total, con la primera presentada en Massachusetts por 18 estados, incluidos Nueva York y California. Los demandantes también acusan a la administración de intentar eliminar un principio constitucional bien establecido y advierten que el presidente no tiene autoridad para modificar derechos consagrados mediante una orden ejecutiva.
La 14ª Enmienda, adoptada tras la Guerra Civil, garantiza que todas las personas nacidas en Estados Unidos sean ciudadanos del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este derecho ha sido defendido a lo largo de más de un siglo, y expertos constitucionales coinciden en que cualquier cambio requeriría una reforma constitucional, no una acción ejecutiva.
El fallo en Seattle marca el inicio de una larga batalla legal que promete definir los límites de la autoridad presidencial y la protección de derechos fundamentales en el marco de las políticas migratorias de Estados Unidos.
