Conoce cuál es el primer país que da a trabajadoras sexuales derechos laborales

Bélgica se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar plenos derechos laborales a las trabajadoras sexuales, equiparando la prostitución con cualquier otra profesión. Con una nueva legislación, quienes ejerzan este oficio tendrán acceso a contratos oficiales, seguro médico, pensiones y beneficios como bajas por maternidad y enfermedad.

La decisión llega tras la despenalización del trabajo sexual en 2022, como respuesta a demandas de mayor protección y seguridad laboral, especialmente tras las dificultades enfrentadas durante la pandemia de COVID-19. Victoria, presidenta de la Unión Belga de Trabajadoras del Sexo (Utsopi) y escort con más de 12 años de experiencia, lideró estas manifestaciones, defendiendo que su trabajo es un “servicio social” que va más allá del sexo.

Para ella, esta ley es un avance significativo en la protección de quienes trabajan en este sector, permitiéndoles condiciones laborales dignas y herramientas legales frente a abusos.

Una realidad de explotación y violencia

Para muchas trabajadoras, esta legislación representa un cambio urgente y necesario. Sophie, una madre de cinco hijos, narra que tuvo que trabajar embarazada hasta una semana antes de dar a luz, ya que no podía permitirse descansar. Por su parte, Mel, otra trabajadora sexual, recuerda situaciones extremas, como haber sido obligada a tener relaciones sexuales sin preservativo en un ambiente con infecciones de transmisión sexual, por miedo a perder su sustento económico.

Bajo la nueva ley, podrán rechazar actos o clientes sin temor a represalias y contar con mecanismos de denuncia frente a condiciones laborales inseguras. Además, los proxenetas podrán operar legalmente si cumplen estrictas regulaciones, incluyendo la prohibición para quienes tengan antecedentes penales.

A pesar del avance, no faltan detractores. ONG como Isala, que asiste a trabajadoras sexuales, considera que esta medida normaliza una actividad intrínsecamente violenta y promueve la explotación. Julia Crumière, voluntaria de la organización, cuestiona la seguridad del trabajo sexual, argumentando que ningún empleo debería requerir un botón de pánico, una de las medidas introducidas por la ley.

Sin embargo, quienes apoyan esta legislación, como Erin Kilbride de Human Rights Watch, sostienen que se trata de un paso radical hacia la protección y dignificación de las trabajadoras sexuales. Según Kilbride, estas normas reducen significativamente el poder de los empleadores sobre las trabajadoras y mejoran su seguridad.

Bélgica abre un debate amplio sobre cómo regular la industria del sexo y proteger a quienes la ejercen. Mientras algunos países como Turquía y Perú han legalizado la prostitución, ninguno había establecido derechos laborales tan avanzados. Este modelo podría inspirar a otras naciones a replantear sus políticas sobre trabajo sexual.