Polémica por designación de exparamilitares como gestores de paz: presidente Petro responde a críticas
Bogotá, 10 de noviembre de 2024 – La reciente designación de exparamilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, entre otros, como gestores de paz, ha generado una intensa controversia en el ámbito político y social del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las voces más críticas frente a la decisión, señalando que estos individuos, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya habían incumplido sus compromisos en instancias como Justicia y Paz. En un comunicado, Marín cuestionó: “¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”
Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro defendió la medida a través de su cuenta en X (antes Twitter), destacando que la decisión busca culminar el proceso de paz iniciado durante el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, en términos de verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
“No estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico. Ser gestor de paz es una disposición a ser constructores de paz, a resarcir a las víctimas y garantizar la no repetición. No significa que pasen ni un día más ni un día menos en prisión”, afirmó el mandatario.
Petro también subrayó la importancia de la verdad y la reparación genuina de las víctimas, señalando que el proceso ha enfrentado fallas institucionales que han impedido la recuperación de bienes y espacios esenciales para resarcir a las comunidades afectadas.
Sin embargo, la defensora Marín advirtió sobre los riesgos de la medida, recordando que algunos de los designados ya habían reincidido en actividades ilegales y cuestionando la confiabilidad de su compromiso con la paz.
La decisión ha abierto un debate en el país sobre los límites de las estrategias de reconciliación, la legitimidad de los gestores de paz y el mensaje que envía esta designación a los sectores ilegales aún activos.
El gobierno mantiene su posición, asegurando que el proceso es un paso hacia la construcción de un país reconciliado, mientras voces críticas exigen mayores garantías y claridad sobre los compromisos adquiridos por los designados.
