El gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo de acción contra el hambre, pero se necesitan acciones profundas que reduzcan el indicador de muertes por desnutrición y elevar la capacidad adquisitiva de familias vulnerables.
Recientes estudios advierten estadísticas de muerte por desnutrición, aumento de pobreza, pobreza extrema e inseguridad alimentaria, pero los planes hay que hacerlos efectivos porque la gente está pasando necesidad.
Reciente informe de análisis de la Universidad Nacional precisa que, pese a la constitución del programa Hambre Cero, y toda una ambiciosa meta en términos de la agenda 2030 para reducir la tasa de mortalidad por desnutrición a 5 de cada 100.000 niños, la crisis en términos alimentarios continúa.
El gobierno del cambio viene avanzando no solo en respuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino con serio compromiso contra el hambre, según lo muestra el artículo 216 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 hacia la conformación del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y el programa “Hambre Cero”.
En respuesta a ello, según la información suministrada por el portal de Prosperidad Social, entidad adjunta a la Presidencia de la República, desde noviembre de 2022 se han iniciado ajustes sobre los montos y números de beneficiarios de los programas “Ingreso solidario”, “Jóvenes en acción” y “Familias en acción”, para lo cual el Gobierno dispuso de 400.000 millones de pesos buscando mitigar las barreras de los hogares en situación de pobreza para acceder a los alimentos.
“Lo cierto es que, más allá de estas manifestaciones o relacionamientos de las entidades públicas, no se sabe a ciencia cierta qué es el programa “Hambre Cero”, qué hace y qué plantea hacer por la crisis alimentaria. Más de un año después de haber iniciado el gobierno actual aún sigue la incertidumbre sobre cómo se desglosa técnica y operativamente ese plan de choque contra el hambre”, precisa el estudio y análisis de la UNAL.
El país está ante la necesidad de políticas públicas diversas, intersectoriales y en términos de diálogo intercultural de saberes técnicos y ancestrales que permitan materializar la tan anhelada soberanía alimentaria; que no solo se discuta sobre el problema y se enlisten posibles soluciones para que luego sean revisadas y desechadas por tecnócratas en Bogotá, sino que pongan a prueba las iniciativas locales, comunitarias, nacionales y latinoamericanas que han surgido para afrontar la problemática del hambre.
