La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció la suspensión de pagos a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca. La medida se tomó tras detectar irregularidades en la facturación de servicios médicos, que según las auditorías, no contaban con respaldo físico ni evidencias de atención real.
La decisión implica frenar el reconocimiento de reclamaciones que superan los $17 mil millones, en su mayoría asociadas a accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT o no identificados. Según ADRES, varias de estas IPS habrían reportado atenciones sin contar con la infraestructura mínima para garantizar un servicio real a los pacientes, lo que representa un riesgo grave para la transparencia del sistema de salud.
La medida quedó en firme a través de las resoluciones 0087804 y 0087805 de 2025. La primera afecta a 12 IPS que ya habían radicado facturas por más de $4.911 millones, las cuales no podrán recibir giros. La segunda bloquea de manera indefinida las cuentas bancarias de otras 11 IPS, hasta que demuestren que cumplen con los requisitos de habilitación. Con este control, ADRES busca cerrar el paso a prácticas fraudulentas y blindar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la atención médica.
