Graves denuncias han surgido en torno a la ESE Vida Sinú, entidad que según versiones de trabajadores y del sindicato SINTRASALCO, habría sido convertida en un supuesto fortín burocrático para favorecer al candidato Edgardo Espitia, cuñado del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.
De acuerdo con los testimonios, bajo la gerencia de Liliana Yúnez Luqueta, se habrían ejecutado despidos masivos, amenazas laborales y contrataciones por medio de bolsas de empleo con el fin de reemplazar personal experimentado por personas afines a intereses políticos.
En septiembre de 2025, más de 1.400 trabajadores por prestación de servicios habrían perdido sus contratos, algunos con más de diez años de antigüedad. Nueve médicos con más de 14 años de servicio fueron desvinculados, lo que el sindicato calificó como una “masacre laboral”.
SINTRASALCO denunció que los contratos eran administrados por diferentes bolsas de empleo, la última de ellas SERVIPERSONAL, representada por Carlos Andrés Pedrozo, quien, según el sindicato, ejecutó la desvinculación de decenas de empleados.
Además, el gremio aseguró que existían presiones para que los trabajadores garantizaran un mínimo de 60 votos por empleado a favor del candidato Espitia, bajo amenazas de despido o no renovación contractual.
Los representantes sindicales recordaron que la libertad de asociación es un derecho fundamental protegido por la Constitución y los convenios internacionales, y que cualquier forma de coerción política dentro del ámbito laboral vulnera los principios democráticos y los derechos humanos de los trabajadores.
La situación ha encendido las alarmas entre los empleados de la ESE Vida Sinú, quienes exigen garantías laborales, estabilidad y respeto por la libre participación política.
