Con 29 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia del proyecto de Ley Estatutaria 224, el cual pretende reglamentar en Colombia a la educación como un derecho fundamental.
De esta forma, el proyecto avanza en su trámite legislativo, y ya puede empezar a ser debatido su articulado en la Comisión Primera.
El presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres Oviedo, destacó el apoyo de los congresistas que puedan aportar al país una ley que será un legado de educación de calidad para todas las generaciones.
Todo parece indicar que hay un ambiente favorable para este proyecto, en especial porque, pese a las preocupaciones de algunos parlamentarios respecto a determinados puntos del articulado, no hubo una ponencia negativa que buscara frenar el trámite de la iniciativa.
Cabe recordar que el proyecto, al ser de ley estatutaria inicia su trámite en la comisión primera de la Cámara de Representantes, encargada de asuntos constitucionales, y tiene de frente un largo, pero acelerado camino, ya que por su carácter debe ser aprobado con mayoría absoluta, es decir, más del 50 por ciento de los votos posibles, y terminar su discusión dentro de la misma legislatura, hasta antes del 20 de julio del próximo año.
El documento pretende que en Colombia sea reconocida la educación como derecho fundamental, lo que implica que el Estado deberá garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de todas las personas, es decir, de manera universal, con todas las implicaciones en términos de accesibilidad, asequibilidad, calidad, permanencia, pertinencia, equidad, y demás.
De esta forma, lo que pretende el Ministerio es que todos los niños del país puedan acceder al colegio desde el grado prejardín. Actualmente, eso no ocurre, aunque existe la oferta, solo es obligatorio desde transición. Lo mismo ocurre con la educación media (grados 10° y 11°), dado que actualmente la obligatoriedad va solo hasta grado 9°.
Entre las novedades de la ponencia figura, el artículo 36 que pone a los procesos de evaluación del sistema como uno de los ejes centrales del derecho fundamental a la educación.
